El Congreso de la Nación resolvió solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que disponga las medidas necesarias para reglamentar el “Programa Nacional de Apoyo al empresariado Joven”, una ley promulgada hace 11 años.
Así lo recalcaron los jóvenes empresarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que en un comunicado señalaron que Argentina es uno de los países que más emprendedores genera por año. “Se estima que unas 335.500 firmas, que representan el 55% de los empresarios PyME del país, son dirigidas por menores de 40 años, y que dos de cada tres empresas que nacen son creadas por jóvenes. Pero, según la investigación realizada por el Global Entrepreneurship Monitor, ocho de cada 10 fracasan en los primeros dos años”, remarcó esa rama institucional.
El desconocimiento de los factores de riesgo, los elevados costos impositivos, la falta de acceso al crédito, capacitación y un programa continúo para que el emprendedor pueda subsistir, figuran entre las principales causas que afectan al emprendedurismo.
La Ley 25.872, “Programa Nacional de Apoyo al Empresario Joven”, fue promulgada el 6 de febrero de 2004.
El diputado nacional Eduardo Cáceres, mediante un proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Industria de la Cámara Baja, llevó el reclamo de CAME Joven para que se haga efectiva la norma. “Escuché decir a un emprendedor que la experiencia de iniciar una empresa en Argentina se asemeja a una montaña rusa: primero te da miedo subir, cuando estás arriba te caes, y hay tantas subidas y bajadas que terminas mareado, pero cuando descendés querés empezar de nuevo. Los jóvenes tienen que atravesar por ese desafío si quieren alcanzar sus sueños, pero el Estado debería allanar el camino y generar oportunidades concretas que permitan planificar el futuro sin tener que lanzarse a una montaña rusa”, dijo.
Javier Montalbetti, titular de CAME Joven, expresó: “Consideramos que la ley es de vital importancia para el sector porque determina que el Estado promueva beneficios fiscales, tributarios y crediticios, la inclusión de programas específicos en la currícula educativa o la premiación de proyectos innovadores.